El pasado 29 de abril, el diputado Pedro Muñoz presentó un proyecto que busca eliminar el derecho de cesantía a los trabajadores que se pensionan, utilizando argumentos fiscales que significarían un retroceso de 50 años en derechos laborales y del estado social de derecho.

Según Guido Alberto Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista “se trata de un proyecto que abre los portones a los peligros y abusos de prácticas laborales contrarias a la responsabilidad social y el respeto a la dignidad humana. Haremos causa común con otras organizaciones decididas a enfrentar este proyecto”.

Este proyecto representaría un duro golpe a una de las mayores conquistas social-laborales y de la institucionalidad democrática, eliminado la capacidad del estado para intervenir en el juego de las fuerzas políticas y económicas para corregir los fallos y desigualdades que se han profundizado en el país.

Para la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (CONASOL) y el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), el proyecto sería la defunción del solidarismo, puesto que su razón de ser es precisamente la de reconocer y administrar la cesantía como un derecho constitucional fundamental de los trabajadores públicos y privados, pasando de una expectativa de derecho a una garantía real, sin importar el tiempo en que laboren dichos trabajadores en su centro laboral.

Atenta especialmente contra los trabajadores del sector privado, al eliminar la posibilidad de que el patrono lo liquide anualmente y entregue la cesantía eximiéndolos del pago de dicho derecho.