Ante una consulta legislativa -relacionada con el proyecto de reforma a la ley de usura- la Defensoría de los Habitantes recomendó a los diputados reconocer la naturaleza de las asociaciones solidaristas, así como valorar su labor en el bienestar de los trajadores afiliados y de sus familias.

La Defensoría de los Habitantes exhortó a los diputados a considerar dos normas jurídicas importantes en el análisis del Expediente 22.109, que busca reformar la conocida ley de usura.

Estos son: La Ley de Asociaciones Solidaristas No. 6970 y la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica No. 7558.

Agregó que ante la situación complicada que afronta el país las familias costarricenses, quienes son parte de una asociación solidarista, se verían afectadas aún más si no pueden solicitar créditos de los recursos propios.

Otra institución que apoyó a las asociaciones solidaristas es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); argumenta que la ley puede afectar directamente a las organizaciones sociales y producir un debilitamiento significativo en las mismas.

El MTSS señaló que la Ley No. 7472 viola los principios de las asociaciones solidaristas, ocasionando que sus asociados se desafilien.

Para hoy existían posibilidades de que iniciara la discusión del expediente 22.109, pero no fue incluido en la agenda del plenario.