La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (CONASOL) y el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC) expresaron su disconformidad respecto a la reforma la Ley 9835 que reforma la ley de Ley 7472, ya que consideran que esta produce severos golpes a la naturaleza y operación de estas organizaciones sociales.

Según CONASOL y el MSC, conocieron la versión original del proyecto limitado únicamente a poner tasas de interés, por lo cual apoyaron la iniciativa, ya que es compatible con la ley de asociaciones solidaristas, ley 6970. Sin embargo, la ley de usura fue modificada en la fase final previo a su aprobación y no fueron consultados, evitándoles así la posibilidad de tomar acciones en beneficio de los asociados.

Unos de los principales impactos que perciben las asociaciones son el golpe al marco normativo y de principios que orientan el accionar de estas organizaciones sociales sin fines de lucro, al no contemplar que los asociados no son terceras personas a las cuales se les otorgan créditos.

El acceso a la Central de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la cual plantea varias medidas que no solo retrasan el proceso en la otorgación de créditos a los asociados, sino que también no contempla que solo cinco asociaciones solidaristas están proceso de regulación por parte de la SUGEF, lo que implica que no se podría conocer el historial crediticio de las personas que pertenecen a organizaciones que no están inscritas.

El cumplimiento del rebajo salarial, limita la operación de las asociaciones y no les permite a sus asociados mejorar su calidad de vida. Además de que le cierra la posibilidad de salir de deudas, generadas por la crisis social y económica que atraviesa el país.