Con 35 votos a favor y 22 en contra, se aprobó, el pasado 5 de octubre en primer debate en la Asamblea Legislativa, la Ley No. 20.580 denominada Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El proyecto 20.580, que estaba destinado para ser votado en primer debate el 15 de octubre, tiene el claro objetivo de llevar las finanzas del Estado a tierra firme de manera tal que, el “rico” contribuya más según sus ingresos. También contempla una fuerte minimización del impacto en la recaudación por causa de la evasión tributaria.

De aprobarse en segundo debate el Plan Fiscal, ni los tributos sobre la renta o las ventas serían los primeros en entrar en vigencia. Las que sí tendrían efecto son las medidas vinculadas a las alzas o pluses salariales según lo determinado por la consultora Deloitte, para periódico ‘‘La Nación’’. En última instancia entraría en vigor la transformación del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado (I.V.A) que permitirá al Estado gravar no solo productos, sino también los servicios.

En cuanto a las anualidades de los empleados públicos, se les otorgarán solamente cuando cuenten con una calificación de ‘‘muy buenos’’ o ‘‘excelentes’’, siendo el mecanismo de control de este gravamen, un 80% cumplimiento de metas y un 20% criterio de la jefatura.

Por su parte, el tope de cesantía será hasta 8 años y no a 20 años, como lo pagan a la actualidad instituciones como la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Banco Popular, o el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Con las distintas medidas de ajustes económicos el gobierno busca reducir en cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), unos ¢422.000 millones.

A partir de una aprobación en segundo debate de la ley, el plan fiscal comenzaría a regir 6 meses después de su respectiva publicación en el Diario Oficial la Gaceta.